Abogado especializado en Responsabilidad Patrimonial de la Administración
La responsabilidad patrimonial de la Administración es el derecho que tienen los ciudadanos a ser indemnizados cuando sufren un daño como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
En otras palabras, si la actuación de una Administración (ayuntamiento, comunidad autónoma, Estado, etc.) causa un perjuicio que el ciudadano no tiene el deber jurídico de soportar, este tiene derecho a reclamar una compensación económica.
Se trata de una garantía fundamental reconocida en el artículo 106.2 de la Constitución Española y desarrollada en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Para que exista responsabilidad patrimonial deben concurrir tres requisitos:
- Un daño efectivo, evaluable e individualizado.
- Que ese daño sea consecuencia de la actuación administrativa.
- Que el ciudadano no tenga la obligación de soportarlo según la ley.
Áreas más frecuentes de responsabilidad patrimonial de la Administración
La casuística es muy amplia, pero los sectores en los que con mayor frecuencia se producen reclamaciones son:
- Sanidad pública
- Negligencias médicas en hospitales y centros de salud.
- Retrasos injustificados en diagnósticos o tratamientos.
- Infecciones hospitalarias por falta de medios o higiene.
- Infraestructuras y obras públicas
- Caídas o accidentes por mal estado de aceras, carreteras o edificios públicos.
- Daños ocasionados por obras mal señalizadas.
- Educación
- Accidentes sufridos por alumnos en colegios públicos o actividades escolares bajo la supervisión de la Administración.
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
- Daños derivados de actuaciones policiales desproporcionadas o indebidas.
- Administración de Justicia
- Errores judiciales o dilaciones indebidas que causan un perjuicio al ciudadano.
- Medio ambiente y urbanismo
- Inundaciones o daños por falta de mantenimiento en cauces o infraestructuras.
- Licencias urbanísticas mal concedidas que después son anuladas.
Cómo reclamar
El procedimiento se inicia mediante una reclamación administrativa ante el organismo responsable. Si la Administración desestima la solicitud o guarda silencio, es posible acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Contar con un abogado especializado en responsabilidad patrimonial es fundamental para reunir pruebas, acreditar la relación de causalidad y obtener la indemnización justa.
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